EL MOVIMIENTO OBRERO EN BOLIVIA
1. Introducción
Cuando, en abril de 1952, se creó la Central Obrera
Boliviana (COB), había transcurrido caso un siglo desde que se formularon las
primeras organizaciones gremiales en nuestro país a mediados del siglo XIX.
La minería empezaba a modernizar sus métodos de explotación
y, en los pocos centros urbanos existentes, principalmente en La Paz, se
realizaba la producción de textiles, alfarería y otros productos de uso
doméstico, en el mismo nivel artesanal utilizado en la colonia.
La creciente demanda del mercado, había aumentado el número
de talleres y éstos tenían muchos operarios. Como no existían leyes que los
protegieran, comenzaron a organizarse en agrupaciones gremiales, especie de
ayudas mutua, con las que buscaban protegerse de los abusos patronales.
Pese a las distancias y al aislamiento en que se vivía por
entonces, estas uniones artesanales tenían conocimiento de los grandes
movimientos sociales en Europa donde, el rápido proceso industrial, había
permitido la formación de asociaciones sindicales que luchaban por menos horas
de trabajo, aumento salarial y mejores condiciones de laborales.
Casi desde el momento de su creación, las uniones gremiales
se vincularon con determinadas corrientes políticas, buscando apoyo a sus
demandas.
2. Los sindicatos
Cuando se inició la era del estaño en Bolivia, entre los
años 1880 y 1890, las grandes empresas industriales de la minería instalaron
maquinarias modernas y requirieron gran cantidad de obreros.
Estos trabajadores, casi todos ellos llegados del campo, se
agruparon en organizaciones sindicales. Inicialmente, tuvieron el mismo
carácter de las uniones gremiales, pero aportaron una tradición muy importante
que traían de las comunidades campesinas: la costumbre de mantener una consulta
permanente de todos sus miembros, lo que más adelante se convertiría en la
asamblea, núcleo movilizador de los sindicatos.
Activistas de orientación anarquistas provenientes de Chile
y Argentina, les dieron las primeras lecciones de acción sindical. A la vez que
las movilizaciones por mejores condiciones de trabajo, aumento salarial y
reducción de la jornada laboral, explicaban que, el capital, para obtener sus
ganancias, mantenía un sistema de
injusticias; por lo tanto, era necesario luchar por desterrarlo y formar una
sociedad justa en la que todos pudieran satisfacer sus necesidades.
Cuando Simón Patiño descubrió “La Salvadora” los sindicatos
ya funcionaban en casi todos los centros mineros importantes. Sin embargo, al
no tener reconocimiento legal, sus acciones solo eran posibles en la medida en que presionaban con la suspensión
de labores, en los momentos de mayor demanda del mercado internacional. Muchas
veces, esas acciones de los trabajadores, fueron reprimidas con la presencia de
fuerzas militares.
En 1936, el gobierno de David Toro, organizó el Ministerio
de Trabajo, con la función de defender
los derechos de los trabajadores. Para entonces, ya se habían dictado algunas
disposiciones reduciendo la jornada laboral y exigiendo condiciones mínimas de
trabajo pero, en general, el régimen de explotación de los trabajadores, tanto
en las ciudades como en los centros mineros, seguía dependiendo de la voluntad
de los empresarios.
En 1938, el teniente coronel Germán Busch, que sucedió a
Toro, convocó a una Convención Nacional, que aprobó una nueva Constitución
Política del Estado que declaraba que el capital debía tener carácter social,
en el sentido de cumplir con determinadas condiciones de interés nacional y de
beneficio laboral. Al mismo tiempo, la Convención aprobó la Ley General del
Trabajo, promulgada al año siguiente, considerada como la legislación laboral
más avanzada de la época.
3. La federación de mineros
En diciembre de 1942, una huelga en Catavi, fue reprimida en
forma sangrienta por fuerzas militares. En aquella acción, que la historia ha
recogido en el nombre de “Masacre de Catavi”, fue muerta María Barzola, ama de
casa, cuya figura fue reivindicada como heroína por los trabajadores mineros.
Esa acción represiva fue respondida, poco después, con la
creación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).
Un hito importante de esta primera etapa de movilización
nacional de los mineros, fue su primer Congreso Nacional Extraordinario,
realizado en Pulacayo, en noviembre de 1946. Allí se presentó un documento de
análisis político de la situación nacional e internacional que concluía
proponiendo una serie de medidas de carácter nacional, junto a reivindicaciones
propias del sector. Ese documento fue conocido como “Tesis de Pulacayo”.
Los miembros debieron enfrentar, en 1949, un combate cruento
que tuvo características de guerra civil cuando, a las demandas laborales, se
sumó la lucha conducida por el MNR, con una fuerte consistencia en los centros
mineros.
Los fabriles también entregaron, su cuota de sacrificio en
las luchas sociales. En mayo de 1950,
durante una reunión de estos en una cancha deportiva, en La Paz, fueron
acribillados por fuerzas represivas.
La situación conducía, inevitablemente a una lucha sin
cuartel contra el gobierno de Mamerto Urriolagoitia. El motivo fue el desconocimiento
del triunfo que tuvo el MNR en las elecciones generales de 1951 y la
instauración de un régimen militar que se mantuvo hasta abril del año
siguiente.
4. La COB
El 16 de abril de 1952, apenas cuatro días de triunfar la
Revolución Nacional dirigentes de todas las organizaciones sindicales,
convocados por los mineros y encabezados por Juan Lechín Oquendo, acordaron
formar la Central Obrera Boliviana (COB), y al día siguiente, constituyeron el
primer Comité Ejecutivo de la nueva entidad.
Aunque su primer documento declaraba la independencia
política, tanto Lechín como Germán Butrón, designados secretarios ejecutivo y
general de la COB recibieron el respaldo de la entidad matriz de los
trabajadores para ejercer sendos ministerios, en el gobierno que presidía
Víctor Paz Estenssoro. Esta participación se conoce como co-gobierno COB-MNR.
El primer Congreso Nacional de Trabajadores realizado en
1954, aprobó una tesis política similar a la que los mineros habían lanzado en
1946.
Al concluir su primera gestión de gobierno Paz Estenssoro,
las relaciones entre el gobierno y los sindicatos eran tirantes.
Iniciada la administración de Hernán Siles Suazo (1956 –
1960), se puso en ejecución el plan de Estabilización Monetaria, más conocido
como “Plan Eder”.
Los mineros declararon su oposición a este plan y, aunque
la dirección de la COB trató de mediar en el conflicto, finalmente se produjo
el rompimiento de relaciones.
En la segunda presidencia de Paz Estenssoro (1960 -1964)
prometía una nueva aproximación de los sindicatos con el gobierno, pero la
aplicación del Plan de Rehabilitación de COMIBOL, conocido como “Plan
Triangular”, hizo imposible cualquier entendimiento posterior.
Los congresos mineros, que habían marcado la pauta de acción
política de la COB, declararon abierta la lucha contra el gobierno. Este, a su
vez, intento dividir el movimiento obrero y, con varios sindicatos encabezados
por la Confederación de Ferroviarios, propició la formación de la COBUR
(Central Obrera Boliviana de Unidad Revolucionaria), que tuvo poca duración.
5. La clandestinidad
Al producirse el golpe de los generales René Barrientos y
Alfredo Ovando (4 de noviembre de 1964), las direcciones sindicales intentaron
un nuevo entendimiento con los gobernantes, pero muy pronto se produjeron graves
desacuerdos que, en mayo y septiembre de 1965, provocaron el ataque a centros
mineros y barrios fabriles de las ciudades, en el que hubo numerosos muertos y,
el ejército, realizó cientos de detenciones. Gran parte de la dirección
nacional de la COB fue desterrada del país. Inmediatamente, el gobierno decretó
la reducción del salario de los mineros, junto a otras medidas de control.
Los sindicatos y la misma COB recompusieron sus direcciones
en la clandestinidad. Por su parte el gobierno, ordenó la elección de nuevas
directivas fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo y formada con adeptos, que
no fueron reconocidos por los trabajadores.
En esas condiciones, se celebraban reuniones clandestinas.
Conociendo que iba a realizarse una conferencia extraordinaria de mineros, en
Llalagua, y a la que asistirían dirigentes de otros sectores, fuerzas militares
atacaron Catavi y Siglo XX. Ese hecho ocurrido en la madrugada del 24 de junio
de 1967, se conoce como la “Masacre de San Juan”.
Oficialmente se justificó esa represión, argumentando que se
trataba de una reunión que iba a a acordar el apoyo de los sectores laborales a
la guerrilla que, encabezada por Che Guevara, había iniciado acciones
insurgentes en el sudeste del país, en marzo de aquel año. En esa reunión, los
mineros preparaban un pliego petitorio que iba a constituirse en el instrumento
de lucha de todos los sectores laborales.
Cuando el Gral. Alfredo Ovando (1969 – 1970) tomó el
gobierno, los sindicatos fueron legalizados y, en abril de 1970, se realizó un
congreso de mineros que aprobó una nueva tesis política, la cual fue adoptada
por la COB, en su Cuarto Congreso Nacional realizado en mayo de 1970.
Aquel año se vivió una intensa actividad política en la que,
la COB, tuvo una activa participación. Al asumir la presidencia, el Gral. Juan
José Torrez (1970 - 1971), con el apoyo laboral (octubre de 1970), ofreció a la
COB integrar su gabinete ministerial, pero
no se llegó a concretar el acuerdo.
En cambio, las organizaciones laborales y los partidos políticos
que actuaban alrededor de éstas,
formaron la Asamblea Popular en mayo de 1971, que incitó grandes temores en los
sectores empresariales, las fuerzas armadas y algunos grupos políticos.
Tras el golpe encabezado por el Coronel Hugo Banzer (1971 –
1978), recrudecieron las luchas laborales y se produjeron duros
enfrentamientos. El más significativo de estos fue el levantamiento campesino
de Tolata y Epizana, a principios de 1974. Regimientos entrenados en la lucha
contrainsurgente, reprimieron violentamente a los campesinos que reclamaban la
atención del gobierno a sus demandas.
Las organizaciones campesinas, que habían participado de la
fundación de la COB, pero no actuaban en sus movilizaciones, comenzaron
entonces a desarrollar una mayor actividad conjunta con el máximo organismo
laboral.
A fines de 1977, bajo la orientación de sus sindicatos,
cuatro amas de casa del Siglo XX, iniciaron una huelga de hambre reclamando la
libertad de los detenidos políticos, el retorno de los exiliados y la plena
libertad de acción para los sindicatos y los partidos políticos. Esta huelga
rápidamente se extiendo por todo el país
y, cuando sumaban varios miles de ayunantes, el gobierno se vio obligado a
ceder.
6. La democracia
La COB, que siempre había asumido un papel político en
representación de todo movimiento popular, fue protagonista principal en la
reconquista de la democracia. Pero debió enfrentar otros desafíos cuando,
después de tres elecciones nacionales que no lograron instaurar un gobierno
democrático, se produjo otro golpe de estado, contra el que la organización
sindical luchó decididamente.
Al reiniciarse el proceso democrático, con la instalación
del gobierno de Hernán Siles Suazo (octubre de 1982 – agosto 1985), la COB
planteó varias propuestas de reconducción de la política económica, ante la
crisis que vivió el país en aquellos años. Frecuentemente realizó huelgas
generales en las ciudades y bloqueo de caminos en el agro. Sin embargo la
disminución de las exportaciones, el aumento de las importaciones y la acelerada
inflación, ahondaron la crisis.
El agravamiento de la situación, condujo a la renuncia
anticipada del presidente Siles Suazo y la elección de las elecciones en 1985,
por las que asumió la presidencia por cuarta vez Víctor Paz Estenssoro.
El nuevo gobierno dictó el decreto 21060, para detener la
crisis, imponiendo un nuevo modelo económico, social y político, que provocó la
inmediata reacción de los sectores laborales. Pero, la huelga general y la
huelga de hambre iniciadas por la COB, no impidieron las aplicaciones de esta
medida.
Por efecto de ella, fueron despedidos varios miles de
trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia COMIBOL, así como de las
fábricas.
Para 1986, la COB organizó una consulta popular, convocando
a todo el país a pronunciarse en contra de las medidas tributarias que se
habían aprobado en el Congreso Nacional a principios de ese año. Aunque la
consulta alcanzó a sumar más de un millón de votos contra el nuevo sistema
impositivo, la ley no fue modificada.
Poco después, en agosto de ese año, los mineros iniciaron en Oruro lo que se conoció
como “La Marcha por la Vida”.
Se dirigían a La Paz, para exigir al gobierno una solución a
sus demandas. La aplicación del modelo
implantado por el decreto 21060 como lo reconocieron posteriormente los
gobiernos, había creado una situación de empobrecimiento e injusticia social
que se hacía insostenible.
En la madrugada del 28 de agosto de 1986, cuando la columna
de más de diez mil personas, se preparaba a iniciar su última jordana, fueron rodeados
por fuerzas militares combinadas. Al mismo tiempo se dictó el estado de sitio
y, los marchistas fueron obligados a retornas a sus distritos.
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